En torno al Curso: IAAPM001 Dirección Pública: Introducción

Impartiendo un curso en el Museo de Málaga

GOBERNANZA Y DIRECCIÓN PÚBLICA: confianza y credibilidad como base de la representación política y dirección pública.

Las palabras de Manuel Zafra en torno a la tensión que se mantiene entre política y funcionariado que, a su lúcido juicio, precisa un: “eslabón integrado por la gente que combine de forma equilibrada la confianza política y la solvencia técnica”, me ha conmocionado en torno a los últimos acontecimientos sobre la confianza en el papel político que puedan representar Pablo Iglesias e Irene Montero en el marco de un partido político de base asamblearia, donde confluyen idearios políticos marxistas, anticapitalistas, feministas y anarquistas –hoy los grupos antisistema-, entre otros. La confianza es requisito básico en un sistema político de representación social plebiscitaria, donde los ciudadanos depositan mediante el voto en sus representantes políticos la capacidad de decisión y acción sobre la vida pública municipal, autonómica o nacional.

La confianza va muy unida a la credibilidad de manifestación de nuestros políticos, que debe mantenerse en una intachable línea de coherencia en sus actuaciones públicas, más mediatizadas e impostadas por los focos de atención que sobre sus actuaciones se mantiene en esa esfera, y privadas en tanto que la libertad de actuación desinhibida nos revela su auténtica personalidad. La confianza y credibilidad son las sensaciones que nos convencen de que no existen más intereses en nuestros representantes políticos que los etimológicamente aplicados a su significado de servicio público, servicio a la polis como ciudadanía.  Así, nuestra confianza y su credibilidad son fundamentos que nos tranquilizan sobre los comportamientos leales que primaran su ejercicio político en el marco de la legalidad que preside nuestra pacífica y próspera convivencia.

La confianza ajena y la credibilidad propia son valores que deben presidir la esfera política, que en su esencia suponen la posesión de virtudes públicas de mérito ciudadano, confiando en que nuestros representantes son honestos, trabajadores, sinceros, altruistas, etc. Los actuales casos de corrupción política, que el actual neocapitalismo globalizado creo fomenta para el control social a través de nuestros comprometidos representantes, dinamitan la confianza ciudadana sobre los políticos desprovistos de su capital de credibilidad que en nuestro país se les suponía desde la Transición Democrática, alcanzando cuarenta años de desgaste en la maduración de nuestro sistema democrático, mostrando muchas de nuestras instituciones el estrés propio que le transmite un sistema con signos de agotamiento. Así, hallamos notado los síntomas en sus estadios iniciales –como en el caso de los líderes de Podemos y su residencia alto-burguesa- o nos encontremos con las consecuencias judiciales de comportamientos ilícitos pretéritos, la política como función pública ha perdido la incondicional confianza de la ciudadanía y su capital de credibilidad, aunque subyazca, según expresión del Sr. Zafra, solvencia técnica en muchos de sus miembros.

Así, creo que la Dirección Pública requiere de la recuperación de un nuevo marco de credibilidad que restablezca la confianza ciudadana en la política, las instituciones y el funcionamiento cordial y próspero del sistema. El liderazgo puede tener su regeneración en esa solvencia facultativa y técnica que la Política y sus Partidos Políticos deben demandar de sus integrantes, recuperando algunas de las convenciones que presidieron los primeros parlamentos y gobiernos democráticos, que encontraban en sus filas a los mejor formados y preparados para ponerse al frente de los servicios públicos.

Ese aspecto es el que reivindico como principio de autoridad, la solvencia facultativa, técnica y de credibilidad profesional que transforme al líder en el referente del grupo, residente de su confianza y cuyas actuaciones suscitan la lealtad de sus colaboradores. Esas son las bases sobre las que debe fundamentarse la excelencia de un servicio público ya sea administrativo, productivo, social, educativo, sanitario, económico o cultural, sobre el respeto, la confianza y la lealtad al líder, no sobre el miedo, el chantaje o la posibilidad de medrar a su sombra.

El liderazgo público debe recuperar el corpus de valores ciudadanos en cuyos méritos todos coincidimos, hoy una oauténtica propuesta de innovación por cuanto nos hemos ido acostumbrando a presuponer su ausencia, dándonos un tiempo de recuperación donde vuelvan a funcionar los órganos de control, inspección y evaluación de la Dirección Pública y los servicios por ella concernidos en base a su eficacia y excelencia, en cuya connivente ausencia creo se fundamenta gran parte de las consecuencias de esta generalizada quiebra social del sistema.

El principio de autoridad, como prestigio o crédito que se reconoce a una persona por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia, debe ser esencia constitutiva del líder público, el mejor dotado para la gobernabilidad del servicio público en recuperación de la credibilidad del político y funcionario en vías de recuperación de la confianza de su ciudadanía, sujeto a estándares de evaluación que legitimen su actuación como permanencia en el cargo. No obstante, no debemos entender este aspecto como un continuo sentimiento de interinidad en el líder, sino como incentivo en la consecución de objetivos mensurables y evaluables de los servicios públicos en beneficio de sus usuarios y destinatarios. 

Esta premisa de recuperación de la confianza social sobre una incuestionable credibilidad y autoridad facultativa de sus servidores públicos es la brújula sobre la que el país podrá superar susceptibilidades y apriorismos sobre la inclusión de contratas al sector privado para la realización de funciones públicas. Estamos demasiado habituados en charlas privadas a la afirmación de que se producen privatizaciones, externalizaciones o concesiones públicas a personas privadas o jurídicas directamente relacionadas con nuestros representantes políticos, o directamente a empresas creadas por éstos ad hoc. Estas sensaciones sociales son la base de un general estado de opinión sobre las instituciones públicas y sus servidores que pueden alcanzar el traumatico quiebro del sistema. 

Cuando tras los servicios públicos existen importantes intereses de mercado es donde se pone a prueba la credibilidad de nuestros servidores públicos, siendo más necesaria la concurrencia de virtudes al servicio del común y fortaleza de convicción sobre su papel jugado. Habitualmente escuchamos la expresión que la representación política es un sacerdocio, lo que indudablemente hace referencia no a la plena disponibilidad, sino a la incondicional honestidad, capacidad y entrega al bien público.